Los centros de datos tienen que ser respetuosos con el medio ambiente, pero las exigencias regulatorias han de ser coherentes, proporcionales y compatibles con la realidad de nuestro sistema eléctrico si España no quiere perder una oportunidad histórica de inversión, empleo y soberanía digital.

Los centros de datos sostienen la nube, la inteligencia artificial, la digitalización industrial, los servicios públicos digitales y, esperamos que más temprano que tarde, la soberanía tecnológica europea.

España tiene ante sí una oportunidad excepcional porque reúne características propicias para el desarrollo de este tipo de infraestructuras: disponibilidad de generación renovable, una red de fibra muy capilarizada y conexiones submarinas que la enlazan con varios continentes.

A estos activos se suma una ventana de mercado: la expansión de la nube y de la inteligencia artificial exige nueva capacidad de computación y mientras los grandes polos del norte de Europa encuentran crecientes limitaciones de suelo, energía y permisos, España puede captar parte de esa inversión y convertirla en empleo cualificado, actividad industrial y mayor capacidad para alojar servicios digitales estratégicos.

Pero el potencial por sí solo no garantiza el éxito; para materializarlo hacen falta capacidad de acceso a la red eléctrica, una tramitación administrativa ágil, talento especializado y un marco regulatorio predecible.

Las cifras permiten entender la dimensión del momento. El Informe Anual 2025 de SpainDC sitúa en 439 MW la potencia tecnológica instalada en centros de datos comerciales al cierre de 2025. En un escenario continuista, esa capacidad podría alcanzar unos 2,5 GW en 2030; en un entorno favorable, acercarse a 2,9 GW; y en uno restrictivo, quedarse en torno a 1,8 GW. No hablamos de una diferencia estadística: hablamos de inversiones, empleo cualificado, actividad para la construcción, la ingeniería, la energía y los servicios TIC, y de la capacidad del país para alojar la próxima generación de servicios digitales.

El mismo informe estima una inversión directa e indirecta acumulada de 66.900 millones de euros entre 2025 y 2030 en el escenario sin cambios. En un escenario restrictivo, la inversión se reduciría hasta aproximadamente 43.000 millones. También proyecta una contribución anual al PIB de 7.300 millones de euros en 2030 y más de 16.000 empleos directos, indirectos e inducidos. Es difícil encontrar otra infraestructura capaz de combinar, con esta intensidad, inversión internacional, transformación territorial, empleo técnico, productividad y autonomía digital.

La inversión que no puede crecer en los grandes hubs europeos no desaparece: se desplaza. La cuestión es si se desplazará hacia Madrid, Barcelona, Aragón, Extremadura o Andalucía, o hacia otros países con marcos más predecibles.

Por eso es tan importante acertar con la regulación. Los proyectos de centros de datos tienen que ser respetuosos con el medio ambiente, pero las exigencias deben ser coherentes y proporcionales con la realidad de nuestro sistema eléctrico.

Según el informe de SpainDC, los operadores de colocation e hiperescalares obtienen en torno al 95 % de su electricidad de fuentes bajas en carbono, mayoritariamente renovables. Su modelo estima que estos centros consumieron 2,0 TWh en 2025, alrededor del 0,8 % del consumo eléctrico nacional. Además, la encuesta sitúa el indicador medio de eficiencia hídrica de los centros de colocation en torno a 0,21 litros por kWh, frente a una media europea de 0,31.

La sostenibilidad no es una concesión que la industria esté intentando evitar. Es ya una condición de diseño, operación y competitividad. El problema aparece cuando una finalidad razonable se traduce en requisitos uniformes que no tienen suficientemente en cuenta el clima, la tecnología, la madurez de cada proyecto, el tipo de carga informática o las compensaciones entre distintos indicadores.

Un PUE idéntico no significa lo mismo en el norte de Europa que en el clima español, ni en una instalación convencional que en un centro preparado para inteligencia artificial con altas densidades de cómputo.

Del mismo modo, reducir al máximo el consumo de agua puede exigir soluciones de refrigeración que aumenten el consumo eléctrico, mientras que optimizar exclusivamente la energía puede incrementar el uso hídrico.

Regular cada indicador como si fuera independiente puede provocar decisiones peores para el medioambiente en su conjunto.

Una buena regulación debe perseguir el resultado global, reconocer las mejores técnicas disponibles y permitir soluciones equivalentes, no fijar una única arquitectura válida.

Flexibilizar no significa rebajar la ambición. Significa hacerla viable. Una norma desproporcionada no reduce necesariamente las emisiones globales: puede limitar la inversión en España y trasladarla a jurisdicciones con una electricidad más intensiva en carbono, peores estándares hídricos o menor transparencia.

El resultado sería perder actividad económica sin obtener un beneficio ambiental equivalente. La sostenibilidad debe servir para atraer los proyectos más eficientes, no para expulsarlos indiscriminadamente.

Nos encontramos ante una competición internacional que se decidirá en pocos años. Los proyectos actuales tardan mucho tiempo en planificarse, obtener permisos, asegurar energía y construirse. Las decisiones regulatorias que adoptemos hoy determinarán dónde se instalará la capacidad que sostendrá la inteligencia artificial y la economía digital de la próxima década. Cuando esa inversión elige otro destino, no vuelve fácilmente.